Reforma tributaria para el progreso y la paz

Guillermo Tagle

Se debate en estos días la posibilidad (o imposibilidad) de llevar a buen término uno de los proyectos emblemáticos del programa del Presidente Piñera: la reforma tributaria.

A pesar de las discrepancias políticas, de la radicalidad de los debates y los problemas de seguridad; a pesar de los casos de corrupción que afectan el prestigio de las instituciones más respetadas; a pesar de eso y mucho más, Chile vive hoy uno de los mejores momentos de su historia. Un dato objetivo que lo demuestra es que hoy es el destino preferido para inmigrar dentro de América Latina. También lo demuestra un reciente ranking que calificó a los chilenos como los “más felices” de la región.

Hemos avanzado en indicadores económicos, disminución de la pobreza y libertades sociales, pero todavía hay mucho por progresar. Especialmente, porque aún son muchos los que no alcanzan un nivel adecuado de bienestar, o no encuentran un trabajo que les permita sostener a sus familias. Necesitamos mejorar la calidad de la educación, la protección a los niños y ancianos que viven en vulnerabilidad.

Para que Chile pueda acelerar la marcha, mejorar su productividad y ofrecer incentivos atractivos a los miles de emprendedores que crean bienestar y dan trabajo a millones de chilenos, es fundamental focalizar la discusión en los temas relevantes y buscar la forma de construir acuerdos que nos permitan avanzar.

La reforma tributaria se incluyó en el programa de gobierno por ser un tema donde, objetivamente, Chile debe hacer cambios para progresar. Es fundamental contar con un sistema tributario eficiente y efectivo. Que recaude lo que corresponde, que sea simple y no genere costos excesivos de gestión para los contribuyentes y de supervisión para el recaudador. También es fundamental que no genere incentivos equivocados, que motive a emprendedores e inversionistas a crear y generar más y, al mismo tiempo, que permita financiar un Estado que provea soluciones a los problemas fundamentales.

Es un hecho claro y objetivo, que la última reforma tributaria (2014), significó un retroceso importante en muchas de las cualidades antes mencionadas. Con un diseño engorroso y poco refinado, integrados versus desintegrados, quedamos “atrapados” en una combinación de estructuras, tributos y reglas que, por una parte, no lograron generar mucho más recaudación y, por otra, afectaron el potencial de productividad, eficiencia e incentivos para los afectados contribuyentes.

Por todo esto, es inaceptable que el Congreso decida debatir si acepta o no legislar sobre la materia. Es entendible que se quiera discutir respecto de propuestas o mecanismos específicos de la reforma, pero no se entiende que haya tanta “mala intención” o tanto “cálculo político” en el Poder Legislativo, que pueda negarse a evaluar una propuesta que tiene como fin principal el progreso de Chile. Esta condición de “privilegio relativo” que Chile ha logrado entre los países de América Latina se construyó en buena medida gracias a la generosidad y disponibilidad de gobernantes y legisladores que lograron ponerse de acuerdo, trabajar mirando adelante, dejando de lado diferencias del pasado, pensando en el bienestar de las nuevas generaciones. Esa dinámica no puede cambiar, no podemos dedicarnos a debatir y sembrar divisiones sobre materias que no interesan a los chilenos (como si corresponde o no corresponde “saludar” al Presidente de Brasil, o si fue correcto el código de vestimenta de una actividad en La Moneda). Chile no se merece esto, “los pobres no pueden esperar”.